De una situación de emergencia a la ilegalidad pasando por la burocracia

Durante la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Güímar celebrado el pasado viernes se ha procedido a la ordenación del pago del importe de las pernoctaciones habidas tras el decreto de la Alcaldía por el que se ordenaba el desalojo de varios vecinos que habitaban las viviendas afectadas por los derrumbes ocurridos en el barrio güimarero de santa Lucía. El número de realojados ascendió a ocho personas.

El fundamento de la decisión tomada, según informó la Secretaría de la Corporación, fue doble, por un lado el derecho a una vivienda digna previsto en la Constitución y, por otro, la situación de urgencia y necesidad ocasionada por lo imprevisto del derrumbe. Sin embargo, con motivo en los extraños vericuetos administrativos que contiene nuestro sistema jurídico el pago del realojamiento en el hotel era ilegal, y por tanto, esa justificación llena de sentido común no es suficiente para el funcionariado y el Pleno hubo de pronunciarse «resolviendo una discrepancia»

OPINION: …o sea, que el Pleno asume la responsabilidad de lo que el funcionario declara ilegal de forma preventiva. Los burócratas, que son realmente quienes parten el bacalao en nuestro sistema político han preparado las leyes para desmarcarse hábilmente de todo lo sea «raro», y realojar a quienes les ha caído una piedra encima de la casa es bastante raro. Lo digo de otra manera: el funcionario obliga a los políticos a convertirse en delincuentes si los segundos quieren que el pueblo que representan haga honor a los gastos ocasionados por una desgracia. ¿Se imaginan usted el grado de “delincuencia” de los concejales de Lorca, ciudad que fue arrasada por un terremoto?

A principios del mes de junio se produjeron unos desprendimientos de rocas en la cueva de de Santa Lucía, en cuyo interior existen una veintena de construcciones. El derrumbre producido en este paraje güimarero afectó a dos casas y un vehículo. El Alcalde procedió a ordenar el desalojo de parte de las viviendas situadas en el lugar de los hechos y en sus inmediaciones; esta decisión la tomó en base a un informe geotécnico encargado por la Corporación entre cuyas recomendaciones se incluía esa necesidad, según se informó por el Ayuntamiento. Los vecinos afectados por las primeras ordenes de abandono de las viviendas fueron realojados con cargo a las arcas municipales en un hotel rural. Finalmente, tras las conclusiones definitivas del informe geotécnico las casas que hubieron de ser desalojadas ascendieron a unas cuarenta.

El Alcalde explicó que la estancia de los vecinos afectados era, en principio, por 10 días, luego se amplió a 20 y finalmente a 30 días. Informó que cinco de los vecinos realojados no estaban empadronados en el muncipio de Güímar, así como que ese extremo no se había tenido en cuenta a la hora de prestar la ayuda municipal. Rafael Yanes afirmó que en la actual situación económica del municipio era inviable seguir costeando la estancia de los vecinos afectados en un hotel de la localidad. Por tanto, el Consistorio había procedido a dar por finalizada la ayuda, así como proceder al pago de la deuda generada.