El alcalde rechaza el cierre de los Juzgados de Güímar

El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, ha mostrado su rotundo rechazo a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de eliminar el Juzgado de Güímar y trasladarlo a Santa Cruz. Se trata de una propuesta que pretende reducir a más de la mitad el número de partidos judiciales en toda España. En el caso de Canarias supondría dejar en 11 los 19 partidos judiciales actuales, siete en la provincia tinerfeña (de los 12 actuales) y cuatro en la provincia de Las Palmas (de los siete actuales). Si se llevara a cabo esta reforma, en Tenerife se agruparían los partidos judiciales de Santa Cruz y Güímar, los de La Orotava, Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos, los de Granadilla y Arona, mientras que el de La Laguna quedaría igual.

Rafael Yanes entiende que se perjudicará gravemente a los 60.000 habitantes del Valle, que tendrán que desplazarse a Santa Cruz para cualquier asunto judicial

Yanes reitera que la unión de los Juzgados de Güímar con los de Santa Cruz lo único que lograría es colapsar aún más la Administración de Justicia y perjudicaría gravemente a los 60.000 habitantes que hay en el Valle de Güímar, ya que tendrían que trasladarse a la capital para cualquier trámite judicial. El alcalde señala que sería un perjuicio gratuito, ya que el traslado de los tres Juzgados que ahora están ubicados en Güímar a Santa Cruz no supondría ningún ahorro económico para la Administración, puesto que también iría la totalidad de los funcionarios, y, por el contrario, implica un grave perjuicio de la maltrecha economía de los vecinos, que tendrían que sufragar los gastos de transporte.

El alcalde manifiesta que tiene confianza en que el Gobierno reflexione y no acabe con un logro histórico que logró Güímar en 1989 cuando consiguió ser sede de Partido Judicial. Además, Yanes considera que el municipio es la cabeza comarcal que ha acercado la Administración a los ciudadanos con dos Notarías, tres juzgados y la Oficina del Registro de la Propiedad, y sería un contrasentido que, en momentos de tantas dificultades, se grave a los ciudadanos con una medida que va en contra de sus economías.
1