Archivan la demanda del año 2004 de AxG contra Javier Mederos

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife archiva y deja sin efecto la demanda presentada en 2004 por los miembros del partido político Alternativa por Güímar, el ex concejal Francisco Hernández Armas y anterior presidente de esta formación política, Matías Lugo Reyes, contra los componentes de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Güímar, que en aquel momento estaba integrada por el ahora ex concejal de Urbanismo, Javier Mederos y actual portavoz de Coalición Canaria en la corporación municipal, la jefa del área de Urbanismo y Obras, Margarita Álamo López, el ex secretario de la Corporación, Domingo Hernández Hernández, y el arquitecto y aparejador municipal, Juan Luis Brito Sanfiel y Alfonso Meseguer González, respectivamente.

Este auto judicial del pasado nueve de mayo de 2012 ordena el sobreseimiento y archiva las diligencias que les imputaba un presunto delito de prevaricación urbanística que el propio Tribunal, después de estudiar las pruebas, no vislumbra como un hecho delictivo ya que “no observaron anomalía alguna”.

Esta acusación interpuesta por los militantes de AxG, se produjo por el otorgamiento de una licencia de obra de fecha 9 de diciembre de 2004 para la construcción de un inmueble en la calle Tomás Baulén y Ponte en el Barrio de Chacona de este municipio, de acuerdo a las normas subsidiarias de planeamiento del año 1984 y cuyos demandantes estimaron que iba en contra del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que entraría en vigor el 7 de agosto de 2005, o sea, casi nueve meses después de haber sido concedida la licencia denunciada.

Hay que recordar además que esta misma denuncia ya fue archivada anteriormente, pero los mismos denunciantes, al no estar de acuerdo con la decisión de la justicia, se personaron nuevamente en otro juzgado y la volvieron a formular, resolviéndose ahora igual que la vez anterior.

Para el Tribunal, el PGO municipal entró en vigor una vez fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias y sus normas urbanísticas en el de la Provincia, hecho ocurrido en agosto de 2005, es decir, después de haberse otorgado la licencia, por lo que no aprecia ningún acto constitutivo de delito por parte, del por aquel entonces, primer teniente de alcalde, Javier Mederos y demás personas implicadas.

Para Coalición Canaria Güímar, esta resolución viene a probar que Javier Mederos actuó de forma correcta y con ajuste a la ley. Por ello, se congratula que el nombre de su portavoz y concejal haya quedado limpio y pide ahora a los que intentaron arruinar su vida personal y carrera política con una gran campaña mediática, que reflexionen y rectifiquen por el daño causado, una vez demostrada la falsedad de las acusaciones hacia una persona honesta y honrada.

Por su parte, Javier Mederos afirma que “esta denuncia fue una triquiñuela política con la intención de arañar un puñado de votos a costa de lo que fuera, y que a la postre no les sirvió para nada”. El edil anuncia que solicitará al pleno del Ayuntamiento de Güímar, mediante moción, que los que formularon la demanda sean los que asuman los costes de abogados que ha tenido que soportar el Consistorio, basándose en el decreto que establecía que la defensa jurídica sería costeada por el concejal en caso de que la sentencia hubiera sido favorable a los demandantes. Asimismo, el líder de CC en Güímar estudia, junto a su abogado, emprender acciones legales para pedir responsabilidades a Francisco Hernández Armas y Matías Lugo Reyes por el perjuicio provocado durante estos últimos 8 años al atentar injustamente contra su honorabilidad.